Los tramos Barelona-Montmeló (C-33), Barcelona-Lloret de Mar (C-32), Vendrell-Zaragoza (AP-2), Vila-seca-Barcelona (AP-7) y La Roca del Vallès-La Jonquera (AP-7) quedarán liberados a partir del día 1 de septiembre. Digamos que, a partir de septiembre, podremos recorrer Cataluña en coche de norte a sur, sin pagar nada más que la gasolina. Una noticia que se convierte caricia para nuestros oídos, sobre todo después de saber que esta es la comunidad con la autopista más cara del país. En total 450 kilómetros de carreteras, tanto de titularidad estatal como catalana.
La AP-2 fue creada en 1977 y es atravesada cada día por más de 10.000 vehículos. De titularidad estatal, esta vía que conecta Zaragoza, Lleida y Tarragona, quedará liberada por completo después de 44 años de peaje. También de titularidad estatal, la AP-7, que ya había liberado en enero de 2020 el tramo que va de Vila-seca a Alicante, terminará de liberarse por completo con al punto y final a los peajes entre Vila-seca y Barcelona.
Enlazada con ella desde Barcelona hasta Montmeló, la C-33, propiedad de la Generalitat sumará 70 kilómetros en total junto al tramo que también quedará liberado de la C-32, la conocida como autopista del Maresme, en la que tocará su fin el peaje más antiguo de España, el de Mataró, activo desde 1969.
¿La parte mala de todo esto? Claro que la hay. Primero, que 340 despidos ya han sido firmados por Abertis, la empresa que tenía la concesión de buena parte de estas vías. Segundo, que aún queda en pie el debate sobre cómo se continuará con el mantenimiento de todos estos kilómetros de carretera. Frente a esta discusión, el Gobierno de España propone que, a partir de 2024, se establezca un sistema de pago por el uso de todas las carreteras de alta capacidad. Mientras que la Generalitat de Cataluña defiende una especie de tarifa plana o sistema de viñeta, para la cual reclama el traspaso de toda la red viaria.