El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado el plan urbanístico que ordenaba desde 2016 los clubs cannábicos. Una sentencia que ha confirmado el Tribunal Supremo (TS) y que obligará al Ayuntamiento de Barcelona a llevar acabo una campaña de inspecciones a los clubes con licencias activas para el consumo, que son alrededor de 200.
Así pues, las asociaciones cannábicas de Barcelona seguirán funcionando como clubes sociales privados, lo que implica que no podrán promover el consumo, el cultivo ni la venta. Una decisión que echa al traste el plan del ayuntamiento de «hacer compatible el derecho de asociación de las personas consumidoras de cánnabis con el ejercicio de otros derechos fundamentales como son la protección de la salud».
La propuesta del consistorio barcelonés no fue apoyada por el TSJC, que considera que es el Estado quien debe regular a este respecto. De esta manera, el ayuntamiento se queda sin capacidad para regular hasta en los aspectos puramente urbanísticos, con los que hace un lustro se había conseguido «evitar la concentración y proximidad a equipamientos protegidos, reducir molestias a los vecinos y mejorar la convivencia».
Fe de errores: En una primera versión de este artículo, la foto de portada se correspondía con una tienda y no con un club cannábico.