El traqueteo incesante de las ruedas de las maletas sobre las baldosas del rellano se ha convertido en la banda sonora no deseada de muchas escaleras de la ciudad. Para devolver la calma a los vecinos, el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido pisar el acelerador y ampliar las ayudas económicas dirigidas a las comunidades que decidan prohibir expresamente la instalación de pisos turísticos en sus edificios.
La iniciativa, que vio la luz el pasado mes de febrero, ha superado con creces las expectativas iniciales al sumar más de ochenta solicitudes. Ante esta respuesta, el consistorio ha inyectado más fondos al proyecto, extendiendo el plazo para presentar la documentación hasta el 31 de diciembre con el objetivo de ayudar a costear los papeleos que supone modificar las normas internas de cada edificio.
Hasta 2.500 euros para proteger la escalera
La sorpresa ante el volumen de peticiones ha provocado que el presupuesto municipal para esta partida pase de los 56.000 euros iniciales a nada menos que 256.000 euros. Este colchón económico está pensado para cubrir hasta la mitad de los gastos de gestión, notaría, registro y honorarios profesionales que conlleva un cambio de estatutos.
En términos prácticos, las comunidades pueden recibir un máximo de 1.500 euros si se trata de modificar un reglamento ya existente, y hasta 2.500 euros en el caso de que los vecinos tengan que redactar y crear unos estatutos desde cero.
El horizonte de 2028
Este salvavidas económico nace de un acuerdo a tres bandas entre el Ayuntamiento, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida y la Cambra de la Propiedad Urbana. La medida es un paso más en el plan anunciado por el alcalde Jaume Collboni, cuya intención es dejar de renovar licencias para erradicar el alojamiento vacacional en la ciudad de cara al año 2028.
El consistorio recomienda encarecidamente a las fincas que cierren la puerta a esta actividad desde sus propias normas internas. De este modo, se previenen posibles batallas legales o recursos contra la futura prohibición municipal. Eso sí, conviene recordar un matiz esencial: este cambio de estatutos sirve para bloquear la aparición de nuevos apartamentos, pero no permite expulsar a los que ya operan legalmente en la actualidad.
Los requisitos para dar el paso
Para acceder a esta inyección económica, las escaleras de vecinos deben hacer los deberes formales. No basta con acordarlo de palabra; es obligatorio modificar los estatutos para incluir una prohibición explícita del uso turístico o de actividades económicas en las viviendas.
Además, el texto debe incorporar una cláusula específica que esté avalada por la Cambra y el Col·legi. Finalmente, para que el nuevo reglamento tenga validez real frente a terceros, tendrá que inscribirse en el registro y elevarse a documento público. Como último requisito, indispensable en cualquier trámite público, la comunidad de vecinos deberá estar completamente al día con el pago de sus impuestos.
