Forma parte de una serie de revisiones que ha empezado el Ayuntamiento de Barcelona.
El Ayuntamiento de Barcelona en colaboración con la Generalitat de Cataluña ha empezado una serie de revisiones que tiene como objeto conocer la situación (y las posibles irregularidades en las que pueden incurrir los propietarios) de las viviendas de protección oficial.
En una primera ronda en la que se ha revisado la situación de alrededor de 1.600 casas, se han descubierto 14 irregularidades. Incluyendo a la citada en el titular. Ese número, el de 1.600, solo implica un 10% de las VPO de Barcelona. Aun falta el 90% restante. El orden de preferencia que se ha establecido para guiar la investigación es el siguiente: las viviendas más antiguas van primero.
En el caso de la persona referida en el titular, decíamos, le ha caído una multa de 196.000 mil euros. 90 mil son por no vivir en la casa, otros 90 mil son por alquilarla sin autorización y los 16 mil restantes son por haberlo alquilado a un precio desorbitado. Concretamente, el excedente que ha obtenido. O sea, 180 mil de multa y el resto de devolución de los alquileres cobrados.
La normativa que regula esta situación e impone estas sanciones es la ley catalana del Derecho a la Vivienda de 2007. Esta ley, grosso modo, viene a decir que si compras una casa por debajo del precio del mercado y con ayudas públicas, la casa tiene que ser tu residencia habitual.