Lo de “más vale tarde que nunca” toma todo el sentido del mundo con esta noticia: el Ayuntamiento de Barcelona ha llegado a un acuerdo, 137 años más tarde, con la Junta Constructora de la Sagrada Familia.
La Sagrada Familia, como bien se sabe, crece en unas condiciones sumamente extraordinarias. No tiene permiso oficial de obras. Las obras avanzan en base a un permiso del Ayuntamiento de Sant Martí de Provençals.
Y este problema ha sido evitado por todos los equipos de Gobierno previos al actual. Como un Bartleby ad infinitum. “Preferiría no hablarlo”. Hasta ayer. Así pues, ayer llegó el histórico acuerdo. Y sí, histórico porque llega después de más de un siglo e histórico porque así lo definió Colau.
Los vericuetos del acuerdo son los siguientes: mejorar el transporte público y definir la urbanización. Para ello, la Junta Constructora de la Sagrada Familia se ha comprometido a pagar 36 millones de euros en los próximos diez años. El dinero se reparte de la siguiente forma: 22 van para ayudar al transporte público; 4 para reurbanizar el entorno; 7 para “estudiar la creación de un acceso directo desde la parada de metro de Sagrada Familia al interior del templo”; y 3 para mantenimiento del espacio público.
Dicho de otra forma, la Sagrada Familia financiará los gastos municipales que generan sus actividades. Algo que, bien pensado, no deja de ser irónico: la Sagrada Familia es bandera de Barcelona. Es el atractivo turístico más frecuentado de España junto a la Alhambra. En 2017 la visitaron 4,5 millones de personas. Es decir, le reporta pingües beneficios a la ciudad.
En el tintero, por cierto, ha quedado el tema de la escalinata a la fachada de la Glòria. La expropiación de los pisos que hay delante de la fachada se discutirá más adelante.