De hecho, Bruselas ha denunciado a España por el incumplimiento de la normativa europea.
En 2018 y por octavo año consecutivo desde que entrara en vigor la nueva ordenanza, el aire de Barcelona (también el de Madrid, el de Granada y el de Villanueva del Arzobispo, en Jaén) ha superado los límites de dióxido de nitrógeno legales según la Comisión Europea.
Los sucesivos avisos y las distintas alertas enviadas desde Europa no son cosa nueva: ya en 2015 se le abrió expediente a España y ya en 2015 se diluyó la posibilidad de la denuncia a tenor de las buenas intenciones mostradas por Madrid y Barcelona. Ahora, sin haber disminuido la emisión de dióxido de nitrógeno, España se enfrenta a una denuncia.
La infracción remitiría a la directiva de calidad del aire y el organismo que ha puesto sobre la mesa la denuncia ha sido el Tribunal de Justicia, que ejemplifica el enfado de la Unión Europea: su paciencia se ha acabado.
En el caso del Área Metropolitana de Barcelona, los mínimos legales de dióxido de nitrógeno se han superado. El NO2, huelga decirlo, es un contaminante asociado al tráfico rodado y a la quema de combustibles fósiles. Algunos de sus perjuicios son los problemas respiratorios y cardiacos.
Así pues, muy probablemente mañana se abrirá un proceso que durará años y que podría acabar en sanciones. A no ser, claro, que la buena fe de Europa se manifieste en forma de creencia en las medidas de los ayuntamientos. Sería en este contexto y no en otro en el que se entendería la posible (y casi necesaria) existencia de medidas como peajes urbanos.