Hace nueve meses, el Parlament aprobó una ley de igualdad de trato y no discriminación que aclarara, con detalle, las garantías que tal derecho implica. Esta semana, se ha declarado que las penalizaciones por cualquier tipo de vejación en relación a estos derechos será multada con hasta 500.000 euros.
La ley 19/2020 de 30 de diciembre, de igualdad de trato y no discriminación fue una medida legislativa cuyo objetivo era establecer los principios y regular las medidas y los procedimientos que garanticen los derechos de igualdad, el respeto a la dignidad humana y la protección ante cualquier forma, acto o conducta que implique discriminación. La novedad que pretende establecer esta ley es que sea real y efectiva.
Sí. Es decir, una ley que a estas alturas de la Historia ni siquiera debería hacer falta tenerla por escrito y que, sin embargo, aún se está teniendo que poner sobre la mesa. Y no solo eso, sino que además lo está haciendo ante dificultades tan sorprendentes y así complejas como lo son la homofobia y una de sus herramientas más recurrentes: la generación de duda.
La Secretaria General de Igualtat de la Generalitat, Mireia Mata, ha asegurado, según El Periódico, que en los próximos días se nombrará a una persona que dirija las oficinas del organismo que se establecía con la ley el pasado abril.
Entonces, comenzarán a llevarse a cabo las investigaciones de casos de expedientes sancionadores por trato vejatorio o degradante por motivos discriminatorios, como la raza, la religión o la sexualidad. Asimismo, exhibir simbología discriminatoria estará prohibido. Esto se traduciría en no tolerar pancartas en contra de ninguna minoría o manifestaciones con contenidos racistas, homófobos o similares. No sólo si estas convocatorias tienen un carácter discriminatorio, sino si de alguna manera atentan contra la igualdad o dignididad de las personas, o incitan al odio a la violencia o a la intolerancia, la multa podría alcanzar los 500.000 euros.
Según el Parlament, las labores del nuevo organismo asegurarán la incoación de posibles casos de discriminación, excepto los que constituyan un delito que, directamente, se trasladarán a la justicia. Según Mireia Mata, la intención es que el texto de esta ley quede cerrado en 2022.