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¿Debería Catalunya prohibir el turismo de borrachera?

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¿Debería Catalunya prohibir el turismo de borrachera?

«Combatir el turismo de excesos», este es el objetivo del gobierno Balear. El archipiélago es uno de los puntos de la geografía española más dañados por un turismo masivo a la caza de dos elementos: alcohol y buen clima. Nombres como Ibiza o –qué decir de– Magaluf se han convertido en sinónimo de parque temático del exceso donde todo se justifica bajo el argumento del ingreso económico estacional.

Los locales están hartos y, para poner coto –que no fin– a esta situación, el gobierno autonómico balear aprobó el pasado viernes un decreto ley que prohibirá las ofertas de gran consumo de alcohol en las zonas turísticas de la Playa de Palma y Magaluf, en Mallorca, y el West End de San Antoni, en Ibiza.

Las preguntas que surgen con la puesta en marcha de esta normativa son muchas. La primera, obviamente, sobre su efectividad. La tradición jurídica ha demostrado que la amenaza de la sanción no siempre es la medida coercitiva más exitosa. Pero también nos preguntamos si esta medida podría acabar importándose a la península, a zonas también afectadas por este turismo low cost de borrachera.

El nuevo escenario del decreto

La aplicación de la norma será inmediata, con una vigencia de cinco años, y sancionará en las mencionadas zonas el uso de publicidad referida a barras libres, pubcrawling (tours programados en los que llevan a los turistas de bar en bar), las ofertas 2×1 ó 3×1, los happy hours, la venta de alcohol entre las 21:30 y las 8:00 h. o los autodispensadores de alcohol.

Las bebidas solo podrán venderse por unidad, sin posibilidad de atenerse a ofertas que incluyan más de una bebida alcohólica por pago, y los restaurantes tampoco podrán ofrecer más de tres bebidas alcohólicas por persona en comidas o cenas.

El decreto también contempla expulsar de los hoteles de las islas a los turistas que practiquen el llamado balconing. Será el hotel quien tenga la obligación de expulsar inmediatamente al huésped, que será multado con sanciones de entre 6.001 y 60.000 euros.

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