No solo el movimiento ecologista se oponía a la ampliación de esta pista. Ayuntamientos de la zona, incluyendo el del municipio de El Prat y también los Comuns desde el Consistorio de Barcelona, ya se habían mostrado en varias ocasiones en contra del proyecto por las afectaciones medioambientales tanto en la zona del Llobregat como por las emisiones de CO2 que supondría la ampliación del número de vuelos. Desde el Govern, especialmente por parte de ERC, a cargo del departamento de Acción por el Clima, también se señaló que no podrían incumplirse los compromisos europeos en la zona protegida. Aunque también desde el Gobierno de Pedro Sánchez se alzaron voces críticas, como la de su vicepresidenta Yolanda Díaz.