Las letras doradas sobre el cristal, las tipografías de los años setenta y los carteles de madera desgastada son algo más que simples anuncios, son el paisaje emocional por el que paseamos a diario. Para evitar que esta esencia desaparezca bajo normativas inflexibles, la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado un cambio legal destinado a proteger, conservar y recuperar todo el patrimonio gráfico que da carácter a la capital catalana.
La decisión llega apenas unos días después de que la icónica Bodega Fermin, ubicada en el corazón de la Barceloneta, se viera obligada a retirar uno de sus letreros instalados en 1973 por chocar de frente con las ordenanzas actuales. A raíz de este suceso, y con el voto favorable de todos los grupos municipales, se ha acordado crear una categoría normativa específica que blindará los rótulos y carteles que posean un alto valor social o patrimonial.
Tres meses para salvar «la piel» de la ciudad
El texto aprobado marca un calendario claro: el gobierno municipal dispone de un máximo de tres meses para poner en marcha una estrategia oficial que materialice estos objetivos. El plan busca frenar la pérdida de identidad visual de los barrios mediante la redacción de un plan especial de protección del patrimonio gráfico.
Tal y como ha señalado el regidor Jordi Coronas, cuyo grupo impulsó la propuesta, esta modificación de la normativa es «especialmente necesaria en Barcelona, porque está en riesgo de perder su piel».
Mientras el nuevo marco legal toma forma, las autoridades también han exigido la aplicación de medidas de contención. La proposición solicita que se suspenda o se condicione de manera preventiva cualquier intento de retirar, sustituir o destruir cartelería y elementos gráficos que puedan ser susceptibles de integrarse en ese futuro plan de protección.
Finalmente, la hoja de ruta no se limitará a prohibir su destrucción. El acuerdo contempla la creación de una campaña municipal centrada en la restauración, conservación y difusión de estos tesoros urbanos, una iniciativa que deberá estar respaldada, de forma obligatoria, por una partida presupuestaria específica.
