A principios del mes de agosto la Generalitat abría la posibilidad de que los propietarios pudieran alquilar a turistas algunas habitaciones. Había requisitos: la vivienda debería ser la principal del propietario que alquile y no podría ceder la casa entera sino compartirla con un máximo de cuatro personas en estancias que no podrán sobrepasar los 31 días.
Pero en la práctica, la Generalitat escurría el bulto a los ayuntamientos. La Generalitat permitía la práctica pero eran los gobiernos municipales quienes debían finalmente legislar en favor o en contra de la medida. Y la medida del Ayuntamiento de Barcelona ha sido clara: durante un año, nadie podrá pedir habilitar su vivienda para compartirla con turistas, ya sean propietarios de apartamentos turísticos, ya sean personas que busquen unos ingresos extras cuando a veces estos ni siquiera existen.
Así quedarán las cosas hasta que una nueva norma lo regule en profundidad. Quizá un año sea demasiado tiempo, quizá sea insuficiente. Durante este tiempo el Ayuntamiento aprovechará para redactar las normativas pertinentes, siempre amparadas en el marco autonómico. Los mejores augurios estiman que no se debería tardar tanto y que ya llevan tiempo trabajando en ello, intercambiando opiniones con técnicos de ciudades como París o Berlín, donde este modelo ya está en marcha.
Según datos de Inside Airbnb, Catalunya registra alrededor de 14.000 habitaciones disponibles en oferta, 9.000 de las cuales se encuentran en la capital, Barcelona. Alrededor de 3.000 habitaciones responden a la dinámica de residencias compartidas con residentes o dueños de la vivienda, mientras que el resto se trata de piso turísticos ilegales fraccionados en habitaciones a fin de saltarse a la torera la legislación que busca ponerles coto.