El conflicto no parece haber acabado.
La contratación previa de 15 minutos (ampliable hasta una hora si así lo decide el Ayuntamiento de la ciudad en cuestión) no ha sentado del todo bien en el seno de la Autoridad Catalana de la Competencia.
Desde este organismo (que, por cierto, depende de la Generalitat) se cree que el Govern está arremetiendo contra un modelo de negocio que es más eficiente medioambiental y económicamente. Concretamente, se ha afirmado que “causa perjuicio inmediato a los ciudadanos” y que les “impide beneficiarse de las innovaciones tecnológicas que suponen estas plataformas”. También han dicho que “La elección de un modelo mas o menos procompetitivo para este tipo de transporte constituye exclusivamente una decisión politica”.
La decisión o la opinión o las consideraciones que la Autoridad Catalana de la Competencia pueda tener sobre el tema, sin embargo, no son concluyentes. Dicho de otro modo, no pueden impugnarlo, pero sí que pueden recurrirlo. De hecho, lo que han hecho ha sido recomendar que el Parlamento catalán no convalide el decreto.
Habrá que ver en qué dirección avanza esto y si se ha dicho la última palabra. Lo que parece claro es que todavía faltan capítulos importantes en el guion de esta historia que parece haber sido escrita por David Foster Wallace.