La educación, ese derecho universal, está hace mucho en manos del mercado. Más allá de la educación pública, que asegura el acceso universal a este derecho, una parte importante de la educación se inscribe en el ámbito privado o, como es el caso de las escuelas concertadas, en el de la colaboración público privada.
Es el caso de las escuelas concertadas, que pueden llegar a cobrar cuotas bastante elevadas a las familias de sus alumnos. Es el caso de Barcelona, donde se encuentra la escuela concertada más cara de todo el estado. Se trata del St. Pauls, donde se cobra hasta 1000 euros por alumno. La segunda escuela de la la lista también es barcelonesa, L’Horitzó, con 508 euros. Y la más barata también: la Virgen del Rosario – Les Planes (Barcelona): 33 euros.
Catalunya es la comunidad autónoma más cara, y la media del precio de las concertadas en todo el país es de 122,44 euros, con una subida detectada de hasta 85 euros mensuales respecto al año pasado.
Las escuelas cobran lo que no deberían
En el caso de las escuelas concertadas, los centros privados se benefician de ayudas públicas para financiarse en parte, cobrando la otra parte a las familias. La ley obliga a estas escuelas, financiadas con fondos públicos, a cobrar cuotas a las familias del alumnado siempre que no haya ánimo de lucro y el pago sea voluntario. Pero al parecer esto no se cumple.
Según el estudio realizado desde hace ocho años por la consultora Garlic B2B y publicado en El Periódico, cuyos técnicos simulan ser padres y madres en busca de escuela para sus hijos, la mayoría de los concertados –el 87%– cobra mensualidades obligatorias a las familias. No sólo eso, sino que seis de cada diez han subido la cuantía en el curso 2023-2024.
El estudio, elaborado en 330 centros de ocho comunidades autónomas, revela que el 87% de los centros concertados exige cuotas fijas que, generalmente, se «camuflan» haciéndolos pasa por talleres o cualquier otra actividad educativa. En Cataluña, País Vasco y Madrid, los centros de pago obligatorio se elevan hasta el 100%, y una de cada dos escuelas exige 100 euros o más al mes.
El informe critica la falta de transparencia, señalando que un tercio de las escuelas no entregan la documentación de los precios y que las familias tienen que reclamar repetidas veces para obtenerla.