
El intento fallido de desalojo de la Casa Orsola ha puesto los problemas de la vivienda definitivamente en las portadas y, más importante, en boca de todos. Donde antes los desahucios eran procesos que se daban de espaldas a todo el mundo, ahora ha habido un desahucio del que todo el mundo en Barcelona está al tanto y que ha reunido a todo tipo de sectores en la protesta contra al especulación inmobiliaria.
Esto ha provocado que las ivnestigaciones sobre el tema sean más intensas, y de ahí ha salido el artículo de Jaime Palomera, antropólogo e invetsigador del l’Institut de Recerca Urbana (IDRA) en elcritic.cat, donde señala una perspectiva de futuro preocupante: la aprobación de una ley que el PSC busca promover podría suponer la aparición de unas 3.000 casas candidatas al desahucio nuevas en Barcelona.
La norma que pondría en riesgo de desahucio 157.000 personas
Como explica en su artículo Jaime Palomera, lo que sucede en la Casa Orsola podría multiplicarse por 3.909 si el Ayuntamiento de Barcelona elimina, como el PSC tiene previsto, la norma que obliga a destinar el 30% de las fincas rehabilitadas a vivienda protegida.
Si este cambio se aplica afectaría a 3.909 edificios (unos 62.756 hogares.) que actualmente tienen un 30% de su parque destinado a vivienda protegida. La caída de la norma daría vía libre para especular con el edificio, poniendo en riesgo de desahucio a 157.000 personas.
Esta norma no se aplica de forma gratuita. Su aprobación supondría que el beneficio potencial de estas operaciones de compraventa aumentara en 2.283,5 millones de euros, un beneficio destinado a los especuladores de la vivienda.
En otras palabras: si la medida cae, Barcelona podría convertirse en un paraíso para los fondos de inversión que aplican estrategias como la de la Casa Orsola. Es decir, comprar edificios enteros, expulsar a los vecinos, reformar y revender a precios inasumibles para la población local.
¿Por qué la norma del 30% frena la especulación inmobiliaria?
La norma del 30% fue impulsada por los movimientos sociales en 2018 y aprobada durante el mandato de Ada Colau con el apoyo de todos los partidos, excepto el PP (que votó en contra) y Cs (que se abstuvo). Resumidamente, obliga a los promotores inmobiliarios a destinar un 30% de las viviendas a alquiler asequible cuando construyan o rehabiliten un edificio entero.
Desde el sector inmobiliario aseguran que la medida frena la construcción o reforma de nuevas viviendas, pero los datos muestran que en ciudades como París, donde la norma está aprobada desde 2006, el parque de parque de vivienda protegida se ha duplicado (de hecho, en 2023 la norma se amplió al 50% de vivienda protegida en zonas con alta demanda). En Barcelona, solo en 2024 se construyeron 1.966 viviendas nuevas, 600 más que el año anterior gracias a esta norma.
Según datos que el IDRA, la caída de la norma implica, poniendo por caso el ejemplo de la Casa Orsola, que un fondo de inversión podrá comprar una finca por 4,9 millones de euros, expulsar a los inquilinos, reformar y vender por 5,7 millones en un año, obteniendo un beneficio del 16,4% en apenas un año.
Por tanto, la norma del 30% es, según Palomera, un dique de contención contra la especulación inmobiliaria en una Barcelona que sufre gravemente la presión de un mercado de la vivienda desbocado, y por eso hay que proteger esa norma para hacer seguir creciendo el parque de vivienda protegida.