Giro de guion en la política de vivienda de la Generalitat. El Govern ha decidido aceptar finalmente la propuesta de ley de los Comuns para limitar la compra especulativa de inmuebles. Tras recibir el aval de los informes jurídicos, el equipo de Salvador Illa renuncia a presentar un proyecto propio y trabajará sobre el texto que el grupo de Jéssica Albiach registró en el Parlament el pasado noviembre.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha confirmado este cambio de estrategia: «Trabajamos sobre la propuesta de los Comuns». Este movimiento busca garantizar que el uso de las viviendas sea preferentemente residencial y no un activo de inversión financiera.
El precio del «sí» a las cuentas catalanas
Este pacto se produce en un momento crítico de la negociación presupuestaria. Los Comuns han situado el freno a la especulación como una condición irrenunciable para apoyar las cuentas de la Generalitat. El objetivo del Govern es tener aprobado el presupuesto antes del mes de abril, y el acuerdo con Albiach despeja el camino a falta de sumar a ERC a la ecuación.
Aunque inicialmente el PSC planteaba usar la fiscalidad para desincentivar estas compras, la presión de sus socios y los dictámenes de los expertos han decantado la balanza hacia la reforma de la ley de urbanismo.
Qué dice la propuesta de los Comuns para evitar la compra especulativa de vivienda
La iniciativa de la formación morada busca que cada persona pueda adquirir solo una vivienda para residir en ella. Para lograrlo, proponen reformar la Ley de Urbanismo de Cataluña, permitiendo que los ayuntamientos en zonas tensionadas veten compras que no tengan un fin habitacional.
La norma contempla excepciones específicas: se permitirá la compra de inmuebles para familiares directos (hijos, padres o nietos) y la adquisición de segundas residencias siempre que estén en un municipio distinto al habitual.
Además, tras la compra, el propietario tendrá un plazo de 12 meses para convertir el piso en su residencia principal.
Un camino por recorrer
La creación y aplicación de la norma no es inmediata. El Govern advierte, no obstante, de que serán necesarias «modificaciones legales tangenciales» para que la norma sea robusta ante posibles recursos. Se busca ceñir la prohibición estrictamente a las recomendaciones técnicas para evitar que el Tribunal Constitucional tumbe la medida.
Por su parte, los Comuns mantienen la presión sobre el calendario. No solo exigen que la ley salga adelante, sino que el veto a los especuladores esté en vigor en un plazo máximo de seis meses.