El Ayuntamiento de Barcelona activará este viernes 27 de febrero una convocatoria de subvenciones pionera. El objetivo es facilitar que las comunidades de vecinos prohíban de forma legal la apertura de nuevos pisos turísticos en sus edificios. Para ello, el consistorio financiará los trámites burocráticos necesarios para modificar las normas internas de las fincas.
Esta medida nace de un acuerdo entre el gobierno municipal y el grupo de ERC. La partida total de la inversión asciende a 100.000 euros. Según el concejal de Vivienda, Jordi Valls, la iniciativa busca que los vecinos tengan herramientas para evitar actividades que alteren la convivencia y fomenten la exclusión residencial.
Cuantía de las ayudas y plazos
Las comunidades que decidan redactar unos estatutos desde cero recibirán una subvención que cubrirá el 50 % de los costes, con un límite de 2.500 euros. En el caso de edificios que ya tengan normas y solo necesiten modificarlas para incluir el veto turístico, la ayuda máxima será de 1.500 euros.
El consistorio aceptará solicitudes de aquellas fincas que hayan aprobado estos cambios en sus juntas de propietarios a partir del 1 de marzo de 2025. El presupuesto específico para este apartado es de 56.000 euros, mientras que el resto del fondo se destinará a profesionales y entidades colaboradoras.
Requisitos para blindar el edificio
Para acceder al dinero público, los vecinos deberán cumplir cuatro condiciones básicas. La primera es incluir expresamente en sus estatutos la prohibición de alojamientos turísticos u otras actividades económicas que perturben la paz vecinal. Además, el texto tendrá que ser homologable con el modelo oficial que han pactado el Ayuntamiento y las cámaras de propiedad.
Un paso indispensable será la inscripción en el Registro de la Propietad. Solo así el veto tendrá validez frente a futuros compradores de pisos en la finca. Por último, la comunidad de propietarios deberá acreditar que se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y las administraciones tributarias.
Apoyo a gestores y administradores
La convocatoria no solo beneficia a los vecinos. El plan reserva 36.000 euros para subvencionar de forma directa a los administradores de fincas y asesores jurídicos que gestionen estos cambios. Estos profesionales cobrarán la ayuda siempre que el proceso de modificación estatutaria finalice con éxito.