Nueva polémica con la vivienda en Barcelona. Con el tema de Casa Orsola aún candente, el diari ARA ha publicado un reportaje que pone el foco en la política que el ayuntamiento de Jaume Collboni respecto a la norma que obliga a los promotores a destinar un 30% de las nuevas promociones inmobiliarias y grandes rehabilitaciones a vivienda de protección oficial.
Según el reportaje del periódico catalán el consistorio ha dejado de sancionar a los promotores que esquivaron su aplicación en 2022. En este tiempo, los servicios de inspección habían detectado 17 casos de incumplimiento y se iniciaron cinco expedientes sancionadores. Sin embargo, con la llegada del PSC a la alcaldía, estos expedientes fueron retirados y se detuvieron nuevas inspecciones.
Al parecer, en septiembre del 2023, solo tres meses después de la constitución del gobierno de Jaume Collboni, el Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB) habría empezado a archivar expedientes sancionadores ya iniciados. La ejecución de estos expedientes habría supuesto multas de entre 419.000 y 735.000 euros. Además, el IMHAB habría archivado también los otros 12 expedientes que estaban abiertos pero en fases más iniciales.
El Ayuntamiento niega la acusación
Tras la publicación del artículo este fin de semana, este lunes el Ayuntamiento ha hecho una comparecencia de urgencia a petición de ERC y BComú para explicar la situación. La primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, ha negado la información publicada por el diari ARA, y ha afirmado que «todos los expedientes siguen vivos y con posibilidad de acabar en sación».
No obstante, ha señalado que, desde que asumieron el mandato, el ayuntamiento ha optado o por un procedimiento distinto al del anterior gobierno: primero solicita al promotor la restitución de la legalidad urbanística y, si no se cumple, se inicia el proceso sancionador. Bonet ha afirmado que «tienen la firma intención de hacer cumplir la normativa» y que irán «hasta las últimas» consecuencias en cada expediente.
Bonet ha subrayado que el gobierno de Colau inició sanciones en cinco expedientes sin haber restituido antes la legalidad urbanística, lo que, según ella, generaba inseguridad jurídica. En cambio, el actual gobierno de Jaume Collboni prefiere dar un período para garantizar primero que se cumpla la normativa y, en caso contrario, imponer sanciones.
Un gobierno contrario a la norma del 30%
Collboni ha estado en contra, desde su implantación en 2018, de la norma que que obliga a los promotores a destinar un 30% de las nuevas promociones inmobiliarias y grandes rehabilitaciones a vivienda de protección oficial, ya que consideran que la norma ha frenado la construcción de viviendas en la ciudad.
Por eso, han expresado su voluntad de «flexibilizar» la norma. Para hacerlo hay varias vías y posibilidades:
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Permitir agrupar las reservas de pisos protegidos en un solo edificio dentro del mismo barrio, en lugar de exigir que convivan en una misma escalera viviendas de precio de mercado y asequible.
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Eximir a las rehabilitaciones de la obligación del 30%, aplicándola únicamente cuando se preserve solo la fachada de un edificio y el resto se construya nuevo, o eximirlas directamente.
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Abrir la posibilidad de que un «operador sin ánimo de lucro» sea quien construya los pisos sociales.
Los críticos señalan que la norma no ha frenado al construcción de obra nueva en Barcelona, y que las alternativas, como agrupar las reservas de pisos protegidos en edificios o en otros barrios, es una medida clasista que fomenta la concentración de la pobreza y la estratificación de los barrios por clases.