Catalunya limitará por ley el uso de la vivienda para frenar el lucro excesivo en el mercado inmobiliario. El pacto de presupuestos entre el Ejecutivo autonómico y los Comuns incluye una modificación legal que obligará a que las nuevas compras de pisos se destinen solo a residencia habitual o a alquiler con precio regulado.
La reforma de la ley de urbanismo estará lista en un plazo máximo de seis meses. Con este movimiento, la administración busca dar prioridad al derecho a la vivienda frente a los movimientos especulativos. La medida afectará especialmente a los municipios declarados como zonas tensionadas, donde el acceso a un hogar resulta más difícil para la población.
Coto a los grandes propietarios
Los dueños que posean cinco o más inmuebles tendrán vetada la adquisición de pisos con fines especulativos. Estos grandes tenedores solo podrán comprar casas si acreditan ante notario que vivirán en ellas. Para ello, deberán empadronarse en la nueva finca en menos de un año.
Si estos propietarios adquieren edificios enteros, la normativa les obligará a ofrecer las viviendas exclusivamente en régimen de alquiler asequible. El objetivo de esta medida es expulsar del mercado a los fondos de inversión que buscan beneficios rápidos a través de subidas descontroladas de precios.
Reglas para pequeños dueños y herencias
Quienes tengan menos de cuatro casas dispondrán de un margen algo más amplio. Podrán comprar inmuebles para su uso personal, para un familiar de hasta segundo grado o para ponerlos en alquiler. No obstante, en este último caso, el precio siempre respetará los topes que marca el índice oficial.
Respecto a las herencias, la ley solo permitirá mantener una segunda residencia. Si un ciudadano recibe más propiedades por vía sucesoria, tendrá la obligación legal de alquilarlas. Por otro lado, la norma protegerá la compra de una segunda casa en un municipio distinto al habitual, siempre que no se utilice para fines turísticos.
Multas millonarias y control municipal
El nuevo marco legal endurecerá los castigos para evitar fraudes. Los compradores que simulen negocios jurídicos para esquivar su condición de gran tenedor o que no cumplan con el uso declarado ante notario afrontarán sanciones de hasta 1,5 millones de euros.
La aplicación práctica de estas restricciones recaerá sobre los ayuntamientos. Los consistorios de los 271 municipios tensionados tendrán la facultad de aprobar planes urbanísticos para vetar la especulación. Si un gobierno municipal decide no actuar, la sociedad civil tendrá mecanismos para reclamar la puesta en marcha de estas medidas de protección.
Un 40% de los pisos, en manos de grandes tenedores
En la capital catalana, la relevancia de esta medida es significativa, ya que se calcula que unos 107.539 pisos de alquiler pertenecen a grandes tenedores, según el Observatorio Metropolitano de la Vivienda (O-HB). Otras estimaciones elevan la cifra a 184.111 inmuebles totales en manos de propietarios con cinco o más viviendas, lo que representa el 23,2 % del parque inmobiliario de Barcelona.