Una victoria histórica. Barcelona ha sido testigo de un hito significativo en la lucha por la vivienda social. Tras años de denuncias y, finalmente, de una contundente huelga de alquileres, el Govern ha anunciado la adquisición de un último paquete de 1.100 pisos, que se suman a los ya comprados, para blindar un total de cerca de 2.000 viviendas (más de 1.700 según las fuentes iniciales y más de 1.900 según las últimas actualizaciones del ejecutivo) de la antigua Fundación La Caixa.
Esta operación, cerrada por un valor medio de 81.954 euros por piso, garantiza que estos inmuebles pasen a formar parte del parque público de alquiler asequible de forma permanente, evitando así su privatización.
De desahuciado a piso de protección oficial: qué consigue una huelga de alquiler
La noticia supone un éxito rotundo para las familias que residían en estos bloques, muchos de los cuales fueron construidos con dinero público bajo el régimen de protección oficial. El plan original de la Fundación era dejar expirar el periodo de alquiler protegido, lo que habría permitido la expulsión de miles de inquilinos y la venta de los inmuebles al mejor postor, agravando el problema de la vivienda en Cataluña.
La victoria es, en gran medida, mérito del Sindicat de Llogateres, que ha liderado una de las huelgas de alquileres más importantes de los últimos años. Desde abril, 71 familias de promociones en Sentmenat, Sitges, Banyoles y Palau Solità i Plegamans decidieron retener las rentas de alquiler, llegando a acumular más de 250.000 euros en un depósito común como medida de presión.
No era la primera vez que las vecinas plantaban cara, ya que desde 2020 habían denunciado cláusulas abusivas, la falta de mantenimiento e incluso el cobro indebido del IBI, llevando a la empresa a los tribunales en dos ocasiones.
Esta última adquisición, culminada con la compra de más de un millar de viviendas, incluye pisos en Barcelona, L’Hospitalet, Terrassa, Sabadell, Mataró, Sant Just Desvern, Sentmenat, Sitges, y otros municipios. La presión no ha cesado, ya que recientemente asambleas vecinales en L’Hospitalet, Barcelona, Terrassa y Lleida habían aprobado extender la huelga al mes de diciembre, incrementando el número de familias huelguistas a un centenar.
Ahora, la tarea continúa. A pesar de la celebración, las inquilinas se reunirán en asamblea para decidir los siguientes pasos. Las demandas clave, como la retirada de todas las demandas judiciales, la renovación de contratos sin cláusulas abusivas y a precios asequibles, el mantenimiento adecuado de los edificios y la devolución de las cantidades cobradas indebidamente, siguen sobre la mesa. No obstante, este acuerdo demuestra algo claro: cuando las inquilinas se organizan y mantienen la lucha, se pueden conseguir victorias históricas en la defensa del derecho a la vivienda.